Han terminado los trabajos de la comisión a la que el Gobierno indio encargó que revisara las leyes penales y considerase enmiendas para introducir castigos más severos en los casos de violencia sexual, con conclusiones esperanzadoras. Se proponen la necesidad de introducir modificaciones legislativas que apuntan al endurecimiento de las penas, sin incluir la pena de muerte, y de tipificación de delitos de acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres.
Me alegro, sobre todo porque parece que se ha entrado en cuestiones que tienen que ver no sólo con nuevas normas sino con la forma de aplicarlas y se habla, por ejemplo, de la presencia de mujeres tanto en las comisarías de policía, para facilitar la atención a las víctimas y en los propios tribunales de justicia.
No ha sido la única noticia de la semana en relación con la persecución de los delitos sexuales de las mujeres. Parece que en Marruecos se está planteando eliminar la condonación del castigo penal de violación cuando el agresor se casa con la víctima en los casos referidos a menores. Coincido con las organizaciones de mujeres marroquíes en que no es suficiente, pero, de consolidarse, es un despropósito menos al respecto.
Desgraciadamente no todo han sido buenas noticias. Nos llegan noticias sobre los abusos a mujeres y niñas, sobre todo niñas, que se están produciendo en el conflicto de Mali, tanto en las zonas afectadas como en los campos de refugiados. Un daño colateral de este tipo de conflictos que conocemos sobradamente y que en raras ocasiones se ha juzgado y castigado con la misma importancia de otros crímenes de guerra.
No era raro ver en Bamako a mujeres circulando es sus motocicletas por la ciudad y vestidas con colores vivos, que en nada se parecen a las propuestas islamistas. Parece que hoy también esto es una actividad de riesgo. Espero que quienes plantean la necesidad de acciones armadas e intervenciones militares recuerden que esto es mucho más importante que todas las minas de uranio del mundo.
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