La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley con el respaldo unánime de los grupos y que ha sido pactada en un inicio por el PP y CIU en la que se pide al Gobierno que verifique cuál es la utilización del protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género y, en su caso, valore si mantenerlo o no ante su escasa utilización.
Este protocolo fue publicado en 2011 por el Ministerio de Justicia, a petición de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y está dirigido a equipos profesionales forenses que trabajan en las Unidades de Valoración Integral de los Institutos de Medicina Legal.
"Tiene una finalidad de carácter operativo y responde a la inmediatez procesal que requieren los asuntos relacionados con la violencia machista en el ámbito judicial, muy especialmente de los dirigidos a las mujeres que la sufren", han argumentado desde el PP.
A través de la utilización del citado protocolo se lleva a cabo una valoración, en un plazo inferior a 72 horas (tiempo del que dispone la autoridad judicial para adoptar medidas cautelares contra la persona acusada), a solicitud de la autoridad judicial competente, frente al riesgo de un futuro comportamiento violento de cara a la protección de las víctimas.
Además, los 'populares' indican que se valoran las declaraciones de la víctima, posibles testigos y agresor ante la autoridad judicial, así como los antecedentes policiales o penales del sujeto. Su diseño permite una utilización sencilla para orientar a la autoridad judicial y, en su caso, al Ministerio Fiscal, respecto a la adopción de las medidas necesarias y oportunas para proteger a las mujeres víctimas de maltrato.
Eso sí, se ha recalcado que, en el informe semestral que la Fiscalía General del Estado remite al Congreso sobre violencia de género, se refleja de "manera clara" que, pese a la gran utilidad del protocolo su utilización es "muy escasa", habiéndose emitido, hasta el mes de junio de 2012, solamente 58 informes siguiendo el protocolo, especialmente porque las competencias están trasladadas a las comunidades autónomas, que apenas lo emplean.
SEGUIMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado también por unanimidad una proposición no de ley del PSOE para que la Comisión del Consejo interterritorial contra la violencia de género analice "las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de instrumentos que permitan sistematizar en consulta la información de seguimiento e identificación de lesiones, físicas o psicológicas asociadas con violencia de género".
La iniciativa, que ha salido adelante en sus propios términos, ha sido defendida por la diputada Ángeles Álvarez, quien ha subrayado que esta propuesta significa abrir el camino para "optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia".
"Es imprescindible intervenir desde el ámbito sanitario para identificar a aquellas mujeres víctimas que aún no han tomado conciencia del peligro o que se hallan paralizadas por el miedo y por tener atenazada su voluntad", ha subrayado Álvarez.
Según ha explicado, se trata de una iniciativa "decisiva para acercarse, identificar e intervenir con aquellas victimas que no demandan ayuda al sistema de justicia aunque estén en riesgo", algo "básico para avanzar" en la lucha contra la violencia de género.
De esta manera, cree que se podrá identificar*y llegar a las mujeres que sufren la violencia en silencio, porque "limitarse a intervenir con aquellas que denuncian es una estrategia insuficiente".
En este sentido, ha recordado que, en estos momentos, la mayoría de las mujeres asesinadas no interpusieron una denuncia, pero con seguridad acudieron a los centros de salud con una sintomatología que es consecuencia directa de un "abuso sistemático, asumido, normalizado y dañino para su salud de las mujeres".
Fuente: TEINTERESA
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