La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, avisa del "impacto negativo" para las víctimas.
El anteproyecto de reforma del Código Penal podría suponer "un retroceso" en medidas contra la violencia machista, como sería el caso de la desaparición de la vejación injusta, que ha definido como "el primer eslabón de una cadena de maltrato". Esta preocupación fue expuesta ayer en Cádiz por la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, que alertó del "impacto tan negativo" que dicha reforma puede tener sobre las mujeres que padecen malos tratos.
Montalbán pidió una reflexión sobre estos cambios, reclamó que se mantengan las partidas económicas de apoyo a las víctimas de la violencia machista e insistió en que las dificultades económicas no pueden justificar "ni un paso atrás en materia de igualdad". La presidenta del observatorio mostró su esperanza de que el Parlamento "finalmente" atienda las recomendaciones del CGPJ.
Además, se refirió a que el anteproyecto prevé eliminar el agravante de maltrato habitual en presencia de menores, mientras que pretende incluir la mediación familiar en los casos de maltrato, prohibida por la propia ley integral contra la violencia de género.
Tras destacar que Andalucía es la comunidad autónoma que presenta un mayor porcentaje de número de denuncias en Violencia de Género por cada cien mil habitantes, Montalbán señaló que el Observatorio que preside ha detectado que la crisis "está frenando" el número de denuncias de víctimas, que ha descendido. "Hay mujeres que ante la incertidumbre de qué puede ocurrir si denuncian y a continuación presentan la separación, prefieren aguantar en silencio", afirmó.
Montalbán instó a las administraciones a que mantengan los recursos asistenciales porque "las mujeres necesitan apoyo, ayuda, antes, durante y para empezar una nueva vida" y por ello "es muy importante mantener las partidas económicas" para ellas.
También la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Soledad Ruiz, alertó de que esa reforma, "contraria al propio concepto de violencia de género", mermaría la capacidad de protección de las víctimas, "castigadas ya" por otras iniciativas emprendidas por el Gobierno central como los recortes presupuestarios en atención, la imposición de tasas en el nuevo Código Civil o la reforma de la administración local (con la consecuente desaparición de los servicios municipales de igualdad y de violencia de género). Ruiz reiteró el compromiso de la Junta con la lucha contra la violencia de género "a través de la consolidación y mejora de los servicios de atención y protección", e incidió en que la "prioridad" en los próximos meses será la puesta en marcha de un procedimiento de coordinación que ampliará las áreas implicadas, abarcando nuevos ámbitos sociales, como el laboral o el educativo, y "protocolizando" el proceso.
Montalbán pidió una reflexión sobre estos cambios, reclamó que se mantengan las partidas económicas de apoyo a las víctimas de la violencia machista e insistió en que las dificultades económicas no pueden justificar "ni un paso atrás en materia de igualdad". La presidenta del observatorio mostró su esperanza de que el Parlamento "finalmente" atienda las recomendaciones del CGPJ.
Además, se refirió a que el anteproyecto prevé eliminar el agravante de maltrato habitual en presencia de menores, mientras que pretende incluir la mediación familiar en los casos de maltrato, prohibida por la propia ley integral contra la violencia de género.
Tras destacar que Andalucía es la comunidad autónoma que presenta un mayor porcentaje de número de denuncias en Violencia de Género por cada cien mil habitantes, Montalbán señaló que el Observatorio que preside ha detectado que la crisis "está frenando" el número de denuncias de víctimas, que ha descendido. "Hay mujeres que ante la incertidumbre de qué puede ocurrir si denuncian y a continuación presentan la separación, prefieren aguantar en silencio", afirmó.
Montalbán instó a las administraciones a que mantengan los recursos asistenciales porque "las mujeres necesitan apoyo, ayuda, antes, durante y para empezar una nueva vida" y por ello "es muy importante mantener las partidas económicas" para ellas.
También la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Soledad Ruiz, alertó de que esa reforma, "contraria al propio concepto de violencia de género", mermaría la capacidad de protección de las víctimas, "castigadas ya" por otras iniciativas emprendidas por el Gobierno central como los recortes presupuestarios en atención, la imposición de tasas en el nuevo Código Civil o la reforma de la administración local (con la consecuente desaparición de los servicios municipales de igualdad y de violencia de género). Ruiz reiteró el compromiso de la Junta con la lucha contra la violencia de género "a través de la consolidación y mejora de los servicios de atención y protección", e incidió en que la "prioridad" en los próximos meses será la puesta en marcha de un procedimiento de coordinación que ampliará las áreas implicadas, abarcando nuevos ámbitos sociales, como el laboral o el educativo, y "protocolizando" el proceso.
FUENTE:http://www.eldiadecordoba.es/article/andalucia/1482230/cgpj/alerta/retroceso/la/lucha/contra/maltrato/por/la/reforma/codigo/penal.html
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