La Administración avanza menos que las empresas en la lucha contra el acoso sexual en el trabajo

Una mujer con identidad oculta que ha sufrido violencia y acoso.

Las mujeres siguen siendo muy vulnerables en el ámbito laboral. La Ley de Igualdad, aprobada en 2007, supuso un paso fundamental, pero el trabajo posterior realizado por empresas y administraciones para su adaptación no ha dado del todo sus frutos. Al menos en la lucha contra el acoso sexual o por razón de sexo . Y en ello, las instituciones públicas son las que menos han avanzado. Así lo demuestra un estudio, financiado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se constata cómo la elaboración de protocolos para la erradicación de este problema en el ámbito de las empresas privadas ha avanzado como consecuencia de la regulación de la Ley de Igualdad, pero no así en las Administraciones Públicas, donde “está bastante menos avanzado”.

El informe, elaborado por un grupo de expertas de las Universidades de Granada, Autónoma de Barcelona y del País Vasco, alerta de que, pese a que ya existe legislación al respecto, todavía hay en la actualidad un 14,9% de mujeres trabajadoras en España que sufre acoso sexual. De ellas, sólo un 9,9% percibe haberlo sufrido. Una cifra que manifiesta el grado de aceptación social del problema ya que, como advierte Juana María Gil Ruíz, coordinadora del estudio, “las víctimas tienen tan normalizadas ciertas conductas violentas que aceptan que forma parte de las reglas del juego entre los sexos”. Por eso la mayoría nunca denuncia e, incluso, se ven obligadas a demostrar el acoso. La Ley de Igualdad dio un paso definitivo en la protección a las víctimas y en tratar de invertir la carga de la prueba para favorecer el proceso probatorio. Sin embargo, “la baja tasa de denuncias desvela no que no existen situaciones de acoso sexual o por razón de sexo actualmente en España, sino que aún existe un alto nivel de ineficacia normativa en esta materia que debe, urgentemente, subsanarse”, subraya Gil Ruíz.

El estudio insiste en que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo no sólo son formas de discriminación, sino que atacan a la integridad física o moral de la mujer, a su intimidad personal y al derecho al trabajo y a la salud laboral.

VÍCTIMAS SIN GARANTÍAS

Un aspecto “particularmente grave”, según detalla el informe, es la utilización de los llamados “procedimientos informales” para dar cauce a las denuncias de acoso sexual y por razón de sexo. Estos procedimientos son utilizados en un 44,6% de los casos en el sector privado y “en casi la totalidad de los protocolos de las administraciones públicas”. Las expertas advierten de que no se pueden garantizar los derechos de las víctimas a través de este tipo de procedimientos, puesto que “no ofrecen todas las garantías” y, además, suelen equiparar a víctima y agresor en el mismo plano, pues sitúan a ambos en el plano de la negociación. Es más, en el sector privado, en un 25% de los cosas estudiados, “es la propia víctima la que tiene que hablar con el agresor en un primer momento”.

Mientras en las Administraciones públicas tienden a proteger a las mujeres estableciendo medidas cautelares desde el principio, en las empresas privadas esto sucede sólo en el 5,35% de los casos.

LA ACTUAL INTERVENCIÓN “ES INSUFICIENTE”

El estudio subraya que pese a los avances normativos, tanto a nivel estatal como autonómico, el análisis de los distintos protocolos desarrollados por empresas y administraciones indica que “todavía nos encontramos en un trabajo preventivo y de intervención insuficiente”. Así, pese a las pautas establecidas en la Ley de Igualdad, pocas veces se tiene en cuenta al acoso sexual como una vulneración de derechos. “Las referencias a la salud laboral son escasas y en poquísimas ocasiones aparece la vinculación entre acoso sexual y violencia contra las mujeres”, asegura el estudio que cifra en sólo un 28,6% los protocolos de empresas que sitúan el acoso junto a las medidas de salud laboral en el trabajo. En un 37,5% aparece relacionado con la salud laboral y en el ámbito de los riesgos laborales.

Esta cifra baja de manera alarmante a la hora de relacionar acoso sexual y violencia de género.  Sólo un 3,6% de los protocolos de empresa lo hacen. La falta de concienciación va más allá, casi la mitad de los protocolos estudiados en la empresa privada no incluyen el concepto de acoso sexual por razones de sexo. Tampoco distinguen entre acoso sexual y acoso sexista, imperando el lenguaje “masculinizado” y “olvidando la perspectiva de género en el tratamiento de esta cuestión”.

Pese a ser crítico con el desarrollo normativo que han hecho administraciones y empresas para combatir el acoso, el estudio reconoce que la Ley de Igualdad es poco clara a la hora de establecer mecanismos de prevención, cuando “la legislación internacional obliga a entender el problema como una forma de violencia machista”. Sólo el 23,2% de los protocolos de empresa garantizan los derechos de las personas afectadas.

Fuente: ANDALUCES