Las trabajadoras por horas pueden perder su cobertura si los empleadores no las dan de alta
"¿Cómo consigo que una señora de 90 años haga los trámites que hacen
falta para darme de alta en la Seguridad Social?", se pregunta Margarita
Flores, una panameña que lleva siete años en España. Cinco de ellos
estuvo contratada como interna al cuidado de un hombre mayor en Galicia.
Cuando falleció, en 2010, se trasladó a Barcelona y allí trabajó varios
meses en el servicio municipal de ayuda domiciliaria, pero luego se fue
al paro. Hace tres semanas consiguió un nuevo empleo como interna, pero
aún no ha conseguido que su empleadora le haga los papeles para poder
cotizar y mantener su permiso de residencia y sus prestaciones sociales.
"Mi situación no es de las peores. Yo al menos estoy fija en una sola
casa y en estos casos las familias suelen acabar haciendo contrato.
Pero las que trabajan por horas en diferentes sitios, que antes podían
cotizar por su cuenta, van a tener problemas a partir de ahora porque la
nueva ley ya no les permite hacerlo. Se las dará de baja
automáticamente y tendrán que ser sus empleadores los que coticen.
Dependen totalmente de la buena o mala voluntad de ellos, porque ninguna
se va a atrever a denunciarlos si no lo hacen", explica Flores, que
conoce bien el colectivo porque es vicepresidenta de Sindihogar,
sindicato exclusivo de empleadas de hogar. En este estado de
incertidumbre que señala Flores se encontraban a finales de mayo 47.000
personas que trabajan por horas en varios domicilios.
El 30 de junio expira el plazo para la incorporación del personal doméstico, en su mayoría mujeres, al régimen general de la Seguridad Social.
Ese día se extingue el sistema especial que regía hasta ahora, que solo
exigía hacer contrato a quienes trabajaran más de 20 horas semanales en
un mismo domicilio, y será obligatorio dar de alta a todas, aunque sea
por dos horas a la semana. Quien no lo haga, se expone a una multa de
entre 626 y 6.250 euros.
La nueva regulación se aprobó para dar respuesta a algunas de las reivindicaciones del colectivo
y mejorar sus condiciones laborales, especialmente su protección ante
enfermedades o accidentes, aunque seguirán sin tener derecho a cobrar
paro. Y también, bajo amenaza de multa, para hacer aflorar el gran
volumen de empleo sumergido que registra esta actividad. Pero la
evolución de la afiliación desde enero no indica variaciones
significativas en estas cifras, Entre otras razones porque muchas son
inmigrantes sin papeles a las que no se les puede hacer contrato. Según
la Encuesta de Población Activa, a finales de 2011 había en España
770.000 trabajadoras del hogar, de las que solo 297.000 estaban
cotizando; el último día de mayo esa cifra apenas ascendía a 301.000.
El proceso de incorporación al nuevo régimen, que empezó en enero de
este año, va lento: de las trabajadoras afiliadas a finales de mayo,
solo algo más de la mitad, 160.000, habían pasado al nuevo sistema en
los cinco meses. Del resto que a esa fecha seguían en el sistema
especial, 94.000 eran fijas y tenían ya contrato, por lo que pasarán de
forma automática al nuevo sistema aunque sus empleadores no hagan los
trámites, pero otras 47.000 eran discontinuas y cotizaban por su cuenta.
Son las que pueden perder su afiliación si antes de que acabe el mes no
logran que alguno de sus jefes formalice su alta.
Las más afectadas pueden ser las inmigrantes, que suponen más de la
mitad del colectivo. “Si no logran que las regularicen, no podrán
renovar sus permisos de residencia ni sus tarjetas sanitarias”, avisa
Concha Gómez, portavoz de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia
(ATH-ELE). “Además, algunos empleadores están aprovechando para rebajar
los sueldos de forma desproporcionada, con descuentos superiores a lo
que les cuesta la Seguridad Social”, añade.
Los colectivos de trabajadoras están preocupados. Denuncian que el
Gobierno no ha hecho el suficiente esfuerzo para informar a los
empleadores de sus nuevas obligaciones. “Hay mucho caos porque no se ha
informado bien. A día de hoy, todavía hay mucha gente que no sabe lo que
tiene que hacer”, señala Graciela Gallego, representante de la
plataforma Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Esta organización está recogiendo firmas a través de la web change.org para pedir al Gobierno que prorrogue hasta final de año la transición al nuevo régimen.
Pese a que el proceso está siendo lento y puede perjudicar a algunas
trabajadoras, sindicatos y asociaciones de empleadas siguen considerando
que la norma es beneficiosa para el colectivo. “Hay que tener en cuenta
que es algo nuevo y la gente tiene que ir acostumbrándose”, augura
Carlos Bravo, secretario de Seguridad Social de CC OO. “De momento, el
primer objetivo es que al menos las que cotizaban por su cuenta no
pierdan su afiliación”, subraya.
En las oficinas de la Seguridad Social, que estos días atienden una
gran avalancha de consultas, hay muchas dudas y algunas reticencias.
“Hemos detectado resistencia sobre todo entre los empleadores que tienen
trabajadoras por horas. No solo por lo que deben pagar de más, sino
porque tienen que hacer unos trámites que les resultan complejos y les
asustan”, confirma un portavoz de la dirección provincial de Madrid de
la Seguridad Social.
Los empleadores explican sus razones. “Se han impuesto unas
obligaciones desproporcionadas a las familias, similares a las que
comporta ser empresario: hacer contratos, nóminas, dar partes de baja,
pagar cotizaciones... Es normal que muchos no quieran asumirlo”, apunta
Diego García Diego, presidente de la Asociación Española de Empleadores
del Hogar Familiar, recientemente fundada para dar respuesta a las dudas
sobre la nueva normativa y dar voz al colectivo. Propone, entre otras
cosas, que las cotizaciones desgraven en el IRPF y que se elimine la
cláusula que excluye el despido por circunstancias económicas.
FUENTE: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/21/actualidad/1340305105_552917.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario